Directiva (UE) 2022/2464

La Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, modifica varias normativas existentes de la Unión Europea con el fin de mejorar la presentación de la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. Esta modificación afecta al Reglamento (UE) n.º 537/2014, así como a las Directivas 2004/109/CE, 2006/43/CE y 2013/34/UE, y reemplaza a la Directiva 2014/95/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera y datos sobre sostenibilidad.

La directiva forma parte de la estrategia del Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo transformar la economía de la Unión Europea hacia la neutralidad climática y una gestión sostenible de recursos. Además, da seguimiento al Plan de Acción de la UE para Financiar el Crecimiento Sostenible (2018), que propone medidas para redirigir el capital hacia inversiones sostenibles, gestionar riesgos climáticos y sociales, y fomentar la transparencia.

Objetivos de la Directiva

La nueva Directiva tiene como objetivo:

• Ampliar la transparencia en la divulgación de información relacionada con factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

• Establecer estándares obligatorios para garantizar la calidad y comparabilidad de la información presentada por las empresas.

• Promover un enfoque de doble significatividad, que analiza tanto el impacto de las actividades empresariales en el entorno como los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad para las propias empresas.

¿A qué empresas afecta?

La Directiva mantiene a las empresas que ya estaban obligadas por la Directiva 2014/95/UE, es decir, las empresas de interés público (EIP), que son aquellas que cumplen con ciertos criterios establecidos por la legislación de la Unión Europea. Están obligadas a divulgar información sobre sus prácticas de sostenibilidad, incluidos aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza. Este grupo incluye a grandes empresas cotizadas en bolsa, bancos, compañías de seguros y otras entidades financieras, así como empresas que superen ciertos umbrales de tamaño.

La Directiva amplía el alcance de las obligaciones de sostenibilidad a las empresas y grupos de empresas que cumplan con la definición de "grandes", independientemente de si son cotizadas o no. De acuerdo con la Directiva Delegada (UE) 2023/2775 de la Comisión, de 17 de octubre de 2023, que establece los umbrales para ajustar los criterios de tamaño de las empresas en función de la inflación significativa de 2021 y 2022. Por lo tanto, se considera que una empresa o grupo tiene la categoría de "gran empresa" si cumple al menos dos de los tres siguientes criterios durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos:

• Grandes empresas:

  • Facturación superior a 50 millones de euros.

  • Activos superiores a 25 millones de euros.

  • Más de 250 empleados.

• Pequeñas y medianas empresas (PYMEs): las PYMES que hayan emitido valores admitidos a cotización en los mercados secundarios regulados de la Unión Europea, con excepción de las microempresas, estarán incluidas en esta clasificación. Las cotizadas estarán obligadas a partir de 2026, con estándares proporcionales a su tamaño y recursos. Además, estas empresas tienen la opción de aplazar su cumplimiento hasta 2028, si lo consideran necesario, en función de sus recursos y capacidades. Según los nuevos umbrales establecidos por la Directiva, se considera una microempresa aquella que cumpla, durante dos ejercicios consecutivos y a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes condiciones:

  • Facturación no superior a 900.000 euros

  • Activos no superior a 475.000 euros.

  • Número medio de trabajadores no sea superior a 10.

• Empresas extranjeras con operaciones significativas en la Unión Europea: aquellas que generen un volumen de negocios superior a 150 millones de euros dentro del territorio europeo deberán cumplir con los requisitos relacionados con la sostenibilidad para las actividades que desarrollen en la UE.

Requisitos principales de la nueva Directiva

En los informes de sostenibilidad, las empresas deben incluir información retrospectiva y prospectiva sobre:

• Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

• Impactos en la biodiversidad.

• Factores sociales, como condiciones laborales y derechos humanos.

• Estrategias de gobernanza y procedimientos de diligencia debida.

• Abarcar toda la cadena de valor, incluidas operaciones fuera de la UE.

Los informes deben cumplir con normas comunes adoptadas por la Comisión Europea antes del 30 de junio de 2024. Estas normas armonizan los requisitos para facilitar la comparación entre empresas y sectores.

Auditoría y verificación

En cuanto a auditoría y verificación, la Directiva establece que las empresas obligadas a publicar un informe de sostenibilidad deberán someter este informe a una auditoría externa que garantice que la información es precisa y cumple con los estándares establecidos. Por el momento, se establece un aseguramiento limitado, lo que significa que los auditores no tienen que realizar una auditoría exhaustiva, pero sí deben verificar que la información no contiene errores materiales importantes. Con el tiempo, se espera que se implemente un aseguramiento razonable, lo que implicará una revisión más detallada y exhaustiva de los informes de sostenibilidad. Esta transición hacia un aseguramiento más riguroso se llevará a cabo progresivamente.

La auditoría de la información no financiera deberá realizarse conforme a normas internacionales de auditoría, adaptadas a los requisitos de sostenibilidad. Es probable que en el futuro se establezcan normas específicas para la auditoría de la información de sostenibilidad, siguiendo las recomendaciones de organismos como la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Plazos de implementación

Según la Directiva (UE) 2022/2464, los Estados miembros deben transponerla a su legislación nacional a más tardar el 6 de julio de 2024. Esto significa que, para esa fecha, los países miembros de la Unión Europea deberán haber adaptado sus leyes nacionales para cumplir con los requisitos establecidos en la directiva.

A partir de esa transposición, las empresas comenzarán a aplicar las disposiciones de forma escalonada, dependiendo de su tamaño y categoría:

• Empresas ya sujetas a la Directiva de Información No Financiera (NFRD): deberán cumplir con los requisitos para los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2024.

• Otras grandes empresas: desde el 1 de enero de 2025.

• PYMEs cotizadas: a partir del 1 de enero de 2026, con la posibilidad de aplazar hasta 2028 si es necesario, dependiendo de sus capacidades y recursos.

Impactos esperados

La Directiva busca responder a la creciente demanda de transparencia en sostenibilidad por parte de inversores, consumidores y la sociedad civil. Entre sus beneficios destacan:

• Mayor acceso a financiamiento sostenible: Las empresas con informes de alta calidad podrán atraer inversores alineados con criterios ESG.

• Gestión de riesgos mejorada: La divulgación de información impulsa una gestión proactiva de los riesgos relacionados con la sostenibilidad.

• Comparabilidad y armonización: Los estándares comunes reducen costos y barreras regulatorias para las empresas que operan en varios Estados miembros.

Aunque la implementación de esta directiva supone un reto administrativo y financiero, especialmente para las PYMEs, también ofrece una oportunidad para fortalecer la confianza de los inversores y mejorar la reputación corporativa. La normativa promueve una transición justa hacia una economía más sostenible, contribuyendo a los objetivos climáticos y sociales de la Unión Europea.